Educar para la ciudadanía

Educar para la ciudadanía puede parecer pretencioso, pero habría aplausos generalizados si se encontrara la fórmula para que los escolares salieran de la escuela habiendo aprendido a comportarse como ciudadanos, es decir, como personas conscientes de sus derechos y deberes en la sociedad a la que pertenecen. En ello está el Ministerio de Educación, preparando el contenido de esta nueva asignatura curricular que los alumnos empezarán a estudiar en algunos cursos de primaria y de secundaria a partir del año escolar 2007-2008.
La desconfianza que puede surgir ante una materia escolar con esa denominación deriva precisamente de lo arduo y enorme de la tarea. Se comprenden las dudas habidas en el seno del Consejo Escolar del Estado ante la conveniencia de una enseñanza específica, y no transversal como hasta ahora, sobre una materia tan escurridiza e inasible y las reticencias de corte pedagógico planteadas a la iniciativa. Es evidente que una enseñanza sobre valores puede derivar hacia contenidos ideológicos, fácilmente manipulables, y sobre los que no haya un amplio consenso social. Tampoco puede obviarse el rechazo que puede provocar en el alumno una asignatura obligatoria que puede ser percibida como una forma de adoctrinamiento.

No cabe albergar dudas sobre el derecho de la sociedad en su conjunto y, en definitiva, del Estado a definir los valores y reglas de convivencia y a transmitirlos mediante el sistema educativo. Tampoco sobre el de los distintos grupos religiosos u otras entidades de la sociedad civil a transmitir sus valores particulares en sus respectivos ámbitos de actuación, siempre que no contravengan los valores y principios generales de convivencia. No se comprende la reticencia de la Iglesia y de las patronales católicas de la enseñanza ante la nueva asignatura que en modo alguno puede interferir en la idea de una educación religiosa en la escuela.
En todo caso, la enseñanza en la escuela de una materia obligatoria sobre valores democráticos y morales exige obviamente el más amplio consenso social y político. El cual no debería ser difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que el núcleo fundamental de esa enseñanza no puede ser otro que la Constitución, cuyo título primero ofrece un exhaustivo catálogo de los principios y valores en los que se fundamentan el orden político y la convivencia ciudadana. ¿Qué fuerza política o institución estaría en contra de transmitir en la escuela los valores constitucionales? Caben sin duda interpretaciones distintas de estos valores. Pero no habría margen para discutir mucho, pues existe un árbitro autorizado que nos dice cuál es la interpretación correcta en su larga y reiterada jurisprudencia: el Tribunal Constitucional